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CONGRESO DE TAMAULIPAS, DE MAYORÍA PANISTA, DETERMINARÁ DESAFUERO DE CABEZA DE VACA

El Congreso de Tamaulipas acordó asumir la decisión final sobre la determinación de desafuero que asuma el Congreso de la Unión contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Congreso de Tamaulipas acordó con la mayoría de votos de la fracción parlamentaria del PAN asumir la decisión final sobre la determinación de desafuero que asuma el Congreso de la Unión contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Con esta decisión quedó en manos de la diputación local del PAN -que cuenta con la mayoría parlamentaria- avalar o impedir el desafuero del gobernador de su partido.

Para ello, adelantaron un día la sesión de Congreso y el documento presentado por la mayoría panista recibió dispensa de trámite y fue avalado con 24 votos a favor, 23 de ellos de diputados de Acción Nacional, y 10 en contra de legisladores de Morena.

La diputada panista Karla Mar dio lectura al reglamento acordado en la Junta de Coordinación Política, que fue desconocido por Morena.

Dicho reglamento establece el procedimiento que el Congreso seguirá para dictaminar el desafuero del gobernador de Tamaulipas, y la Comisión Instructora que se instale no podrá salirse de esos términos.

“Es claro que las autoridades federales, Cámara de Diputados y Ministerio Público Federal no tienen facultad expresa, exclusiva, constitutiva de situaciones jurídicas ni determinantes para desaforar a un servidor público local que desee, sino que por el contrario sólo tiene la facultad declarativa, comunicativa y parcial que debe completarse con una decisión constitutiva de la Legislatura local para desaforar”, explicó la diputada.

Una vez que la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva reciban la declaración de la Cámara de Diputados, en caso de proceder el desafuero del gobernador, ésta procederá a homologar el resolutivo.

Karla Mar mencionó que esto se presenta en virtud de verificar las acusaciones emitidas por el Ministerio Público, debidamente fundamentadas, para descartar acusaciones políticas que busquen vulnerar la soberanía del estado.

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