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Gobierno de Jaime Bonilla “descabeza” el Sistema Estatal Anticorrupción de BC

El gobierno de Jaime Bonilla “descabezó” al Sistema Estatal Anticorrupción, al suspender a cinco consejeros, entre ellos el presidente del organismo, y “removió y cesó” del cargo al secretario técnico, electo por el Congreso local.

MEXICALI, BC (apro).- El gobierno de Jaime Bonilla “descabezó” al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) al suspender a cinco consejeros, entre ellos el presidente del organismo, Eduardo Arredondo Uribe, y “removió y cesó” del cargo al secretario técnico Luis Irineo, quien fue electo por el Congreso local hasta 2024.

Los seis consejeros recurrieron al amparo, debido a que no son “servidores públicos” y no pueden ser suspendidos con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Con la medida tomada por el gobierno bonillista, el SEA prácticamente se quedó sin “consejeros ciudadanos”. Y los dos que aún se mantienen en el cargo, Ricardo Zurita y Edgardo Silva, quienes convocaron a sesión extraordinaria para suspender al consejero presidente, concluyen su periodo en nueve días más.

Así, el Sistema Estatal Anticorrupción estará representado únicamente por miembros de gobierno.

Además de la suspensión de los consejeros y el secretario técnico, la titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza, retiró del cargo a la directora de Administración y Servicios, Yolanda Fierro. Y es que, en caso de faltar el presidente del SEA, era ella quien debía asumir el despacho. El SEA, pues, quedó “descabezado”.

El pasado 30 de junio, los consejeros Edgardo Silva y Ricardo Zurita, así como los síndicos de las ciudades de Tecate, Rosario y Ensenada, además de los auditores de la Secretaría de Honestidad y la Función Pública, y del Instituto de Transparencia, llamaron a “sesión extraordinaria”.

De acuerdo con el comunicado emitido y firmado por ambos consejeros –sin el membrete oficial del SEA–, se pudo sesionar luego de seis intentos fallidos.

En el ininteligible y confuso comunicado puede apreciarse que los seis consejeros del Sistema Estatal Anticorrupción, incluido el presidente, fueron suspendidos del cargo por no haber atendido seis convocatorias para sesionar.

Y no lo hicieron porque el propio Arredondo Uribe, quien fue electo por mayoría de votos, es el único que podía convocar a las sesiones del SEA.

En aquella sesión ilegal, los asistentes supuestamente comprobaron la falta de rendición de cuentas de 2020 o la falta de presentación del presupuesto 2021, así como la “comprobación de diversas ilegalidades por parte del secretario técnico: violaciones de leyes en el reglamento interior de la SESEA (Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción), ilegal retención de pagos de honorarios, ilegales nombramientos de personal de la SESEA, etc”.

Luego establecieron que, “tras la comprobación de diversas ilegalidades y faltas a su deber de diligencia y por causas plenamente justificadas y comprobadas, fue removido y cesado Luis Irineo (hace tres meses suspendido) como secretario técnico de la SESEA”.

La disputa

Los problemas entre el gobierno de Jaime Bonilla y el SEA iniciaron con el arranque del gobierno morenista, luego de que en diciembre de 2019 el organismo elaboró un proyecto de recomendaciones, mismas que se centraban en pedir cuentas sobre “el escándalo de los moches” en los que habrían incurrido futuros funcionarios del gobierno bonillista, durante la etapa de transición, y lo referente a la entrega de dos notarías a la familia del último gobernador priista en la entidad, Xicoténcatl Leyva Mortera.

La sesión para avalar el proyecto sería en enero de 2020, sin embargo, los representantes del gobierno estatal no acudieron, evitando con ello el quórum necesario.

Aunque el SEA no puede investigar moches, malos manejos o entrega de notarías, cuenta con el respaldo de la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto, a través de un convenio de “vinculación”. Es decir que los hechos sobre los que se pronuncie el SEA, tienen que ser indagados por la UIF.

En marzo de 2020, la titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza, acudió a la sesión convocada, pero únicamente para pedir que no volviera a reunirse el SEA hasta que no resolvieran algunos temas jurídicos.

Un año después, el 18 de marzo de 2021, el presidente del organismo, Eduardo Arredondo, convocó a sesión para aprobar el presupuesto de egresos, condición necesaria para la entrega de recursos, sin embargo, 10 de los 11 representantes de gobierno no acudieron, por lo que, otra vez, no se logró el quórum legal.

Ese día el presidente acusó directamente al gobernador, Jaime Bonilla, de haber instrumentado toda una operación política para que sus representados hicieran el vacío legal.

Los ataques en contra del SEA no cesaron. El 14 de abril pasado, elementos de la policía municipal pretendieron encarcelar al secretario técnico, Luis Irineo, luego de que auditores de la Secretaría de Honestidad y Función Pública pidieron el acceso a las instalaciones para realizar una auditoría, y éste se negó.

Lo anterior, explicó en su momento Luis Irineo, era ilegal, pues según la Ley del SEA, la única figura que puede hacer la auditoría es el llamado “órgano de control” que debe ser designado por el Congreso local. Hasta la fecha esa designación no ha ocurrido, por lo que, al no existir, la Auditoria Superior del Estado auditó al SEA en 2019 y 2020, tiempo de vida del Sistema.

Aquel 14 de abril, los auditores explicaron a Apro que sí estaban facultados para realizar la diligencia y mostraron la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. De acuerdo con su interpretación, la ley nacional sí les autoriza intervenir, pero del lado del organismo afirman lo contrario, por lo que la negativa del secretario derivó en una suspensión de tres meses. Y es justo a esta suspensión a la que se refirieron los consejeros Edgardo Silva y Ricardo Zurita.

Pero lo que no explicaron las autoridades en aquella ocasión –y tampoco lo hicieron los consejeros Silva y Zurita– es que no existe lo que se pretendía auditar, dado que la Secretaría de Hacienda estatal no ha entregado un solo peso del presupuesto 2021 porque esto se condicionó a la realización de una sesión del SEA, lo que no ha ocurrido por el vacío de los representantes de gobierno.

Después de ese hecho, al mes siguiente, el 4 de mayo de 2021, el presidente del SEA, Eduardo Arredondo Uribe, alertó de manera oficial a los integrantes del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva sobre la circulación de un documento apócrifo, a través del cual se llamaba a sesión.

“Además de estar fuera de normatividad, el documento distribuido desde un correo adjudicado a Ricardo Esteban Zurita López está integrado por copias de otros documentos y las supuestas firmas de funcionarios que distan de ser las que se encuentran registradas en los archivos del Sistema Estatal Anticorrupción”, decía el comunicado oficial del SEA.

Por ley, el único autorizado para convocar a sesiones es el presidente del Sistema.

Y aquella es una de las seis sesiones a las que hicieron referencia Silva y Zurita, mismas a las que no acudieron los otros seis consejeros, y por ello decidieron cesarlos, el pasado 30 de junio.

En el fondo, lo que hay detrás es la disputa por el control de la SEA.

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