Denuncian intento fallido de desplazamiento con uso de la fuerza en Chiapas

Comparte esta información:

NAYELI ESCALONA

La comunidad 2 de Noviembre, donde habitan integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), sufrió un intento de desalojo forzoso de sus tierras ubicadas en el municipio Socoltenango, Chiapas. Aunque no había notificación jurídica o administrativa, cerca de 1 mil agentes estatales y federales obligaron a los habitantes a salir de sus tierras con un uso desmedido e ilegítimo de la fuerza, violando gravemente sus derechos humanos, denunció el Comité Cerezo México.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de noviembre, mismo día por la noche los desplazados regresaron a defender sus tierras. De acuerdo con el Informe sobre intento de desplazamiento forzado interno y desalojo forzoso en la comunidad 2 de Noviembre, Socoltenango, Chiapas, México, desde el 15 de febrero de 2019, el gobierno de Rutilio Escandón Cárdenas inició el Programa Seguridad y Justicia para reivindicar los derechos de la propiedad y posesión de los chiapanecos, por lo cual hasta el 4 de noviembre se habían realizado 65 operativos de desalojo en 7 mil 798 hectáreas.

Para el Comité Cerezo, esa política pública estatal es en realidad una campaña de desplazamientos forzados internos, que viola los derechos humanos y deviene en ataques y criminalización contra integrantes del FNLS y otros agraviados.

El informe destaca que desde el 2 de mayo pasado se han registrado agresiones a los integrantes del FNLS, las cuales incluyen: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. En el caso de la comunidad, ha sido hostigada por medio de vuelos y se vieron personas no identificadas tomando fotografías previas al desalojo forzoso.

Durante el desalojo, que empezó a las 7 de la mañana, los agentes del Estado robaron animales, ropa, útiles escolares y herramientas de trabajo, quemaron y destruyeron 22 viviendas y campos de trabajo para evitar el regreso de 22 familias.

Hasta ahora, los pobladores viven en la intemperie. “La falta de atención médica, la falta de agua potable, de alimentos suficientes y de baños hacen que las condiciones en las que viven los niños, principalmente, atenten contra su derecho a la integridad física y psicológica”, dijo Antonio Cerezo, en el marco de la presentación del Informe.

Este intento de desplazamiento forzado interno fue ilegal, al no notificar a la población con anterioridad como marca el derecho internacional. Además de que el estado no garantizó un lugar digno para la reubicación de la comunidad.

El gobierno de Chiapas es responsable de las violaciones de derechos humanos contra la comunidad, según el Informe. Además, indica que ya se han vinculado a proceso a 214 personas por el delito de despojo agravado, como resultado de los 65 operativos.


Comparte esta información:

Te pueden interesar