Por más que intente evadirlo, Carlos Cruz Cruz, presidente municipal de Copainalá y conocido como “El Tapana”, no tardará en enfrentar la ley. Su administración está marcada por denuncias formales, acusaciones documentadas y una creciente indignación social. No es solo percepción: hay expedientes abiertos ante el Juzgado Civil, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Auditoría Superior del Estado, que lo señalan por corrupción, intentos de soborno, cobro de cuotas a contratistas y falta de pago de obras que él mismo ha reconocido públicamente y se niega a liquidar.

En lugar de resolver los problemas de su municipio, es más fácil encontrarlo en Tuxtla Gutiérrez, donde ha ganado fama como “El Rey de la Cantina”. Ahí, entre copas, se le ve con frecuencia. Y cuando se digna a pisar la presidencia municipal, no tolera que le hablen fuerte; prefiere que lo hagan “en tono bajito” porque —dicen— aún no se recupera de la resaca.

Mientras Copainalá está al borde de perder la distinción de Pueblo Mágico, el alcalde derrocha recursos en lujos. Ejemplo de ello es la adquisición de un Mercedes GLE Coupé valuado en $1,973,000 pesos, mientras calles, comunidades y servicios públicos permanecen en el abandono. Y lo más grave: la deuda con los contratistas no desaparece con un cambio de administración. El municipio tiene la obligación legal y moral de pagar, sin excusas ni chantajes, porque los recursos para estas obras ya estaban etiquetados y asignados.

Los señalamientos por corrupción están respaldados por documentos oficiales. Una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (folio 07MAY25JE1803) acusa a “El Tapana” de intentar sobornar a la empresa Quetzalzin Proyectos y Construcciones para liberar un pago pendiente de $867,447.00 pesos por la obra “Equipamiento de Espacio Multideportivo”, concluida y entregada desde septiembre de 2024. El contrato, firmado bajo el programa FAISMUN, se ejecutó en tiempo y forma, pero el alcalde habría condicionado el pago a cambio de recibir en efectivo el 15% del monto.

La Auditoría Superior del Estado también recibió una denuncia en la que se detalla que recursos etiquetados para finiquitar varias obras de 2024 llegaron a la actual administración en octubre. El presidente municipal, según el testimonio, ofreció liberar los pagos únicamente si los contratistas entregaban “en mano” el 15% de lo adeudado. Algunos cedieron a la presión; otros —como Quetzalzin— se negaron y siguen sin cobrar.

Por si fuera poco, el propio alcalde ha reconocido que llevó a su natal Oaxaca —donde sueña con gobernar— a los mismos grupos que contrató para la feria de Copainalá, en lo que parece un descarado desvío de recursos públicos.

Hasta ahora, los titulares de Anticorrupción, la Auditoría Superior y los jueces han cubierto los flancos que podrían obligarlo a rendir cuentas. Pero los expedientes están ahí, las pruebas son públicas y la paciencia de Copainalá tiene un límite. El pueblo mágico no aguanta más un gobierno de cantina, lujo y corrupción.