Moy Montes

RECURSOS HÍDRICOS DE BAJA CALIFORNIA: LAS MANIOBRAS DE BONILLA

La reforma de última hora a la Ley Reglamentaria del Servicio de Agua Potable de Baja California, que el gobernador Jaime Bonilla logró sacar adelante en el Congreso del estado, abre la puerta a la privatización del servicio.

La reforma de última hora a la Ley Reglamentaria del Servicio de Agua Potable de Baja California, que el gobernador Jaime Bonilla logró sacar adelante en el Congreso del estado, abre la puerta a la privatización del servicio. Desde el Poder Legislativo, los ayuntamientos y la sociedad civil, especialistas en el tema advierten que la creación de organismos “paramunicipales” gestores del agua es el primer paso para que el primer nivel de gobierno contrate a empresas para realizar sus nuevas funciones, como ya ocurrió en otras entidades del país. 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “¡Esto es una ofensa para la nueva gobernadora y para la opinión pública!”, reclamó el diputado priista Javier Robles desde su curul en la media luna del pleno del Congreso de Baja California. También varios legisladores morenistas y panistas reclamaron al gobernador Jaime Bonilla delegar a los municipios el manejo del agua potable, a sólo tres meses de concluir su mandato, además de cuestionar que no se consultara a los principales involucrados: los ayuntamientos.

En ese momento los legisladores inconformes demandaron los estudios financiero, técnico y administrativo que justificaran el traslado de las funciones del organismo estatal operador del agua a los municipios. De nada valieron los reclamos. Los diputados afines a Bonilla, quienes no pudieron o no quisieron argumentar a favor de la reforma, la convalidaron con su silencio y sus votos.

Los 25 legisladores de Baja California centraron su discusión en la falta de consulta y de estudios técnicos, pero dejaron de lado la parte “riesgosa” de la reforma: la apertura a la privatización de los servicios del agua, advierten en entrevistas por separado el regidor por Mexicali Ricardo Hernández Morelos, de Morena; Jesús Mata Plascencia, coordinador de la Comisión Jurídica de la Comisión Plural de Ciudadanos en Defensa del Agua de Ensenada, y Miguel Ángel Montoya, consultor nacional en materia hídrica.

La reforma bonillista llegó al Congreso local el 23 de julio y se votó cinco días más tarde sin discusión en comisiones, sin ediles de los ayuntamientos y sin consultar a la próxima gobernadora, la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Aunque la reforma no aborda el tema de las cuotas del agua ni especifica cuál organismo operador se quedará con los millonarios recursos, el gobierno estatal contempla entre sus ingresos un monto de 6 mil 216 millones de pesos por cobros de agua. 

La cifra es considerable para un estado que tiene programados para este año ingresos por 58 mil millones de pesos, sin contar los adeudos por un monto similar ni los recursos destinados a las obras hidráulicas.

La nueva ley se aprobó con 13 votos a favor de legisladores afines a Bonilla, 11 en contra (siete de Morena) y una abstención.

La nueva administración y ejecución de los servicios del agua entrarán en vigor una vez que las modificaciones se publiquen en el Diario Oficial del Estado. Baja California se sumará así a estados como Veracruz, donde la empresa brasileña Odebrecht maneja el suministro de agua de municipios como Medellín, Xalapa, Boca del Río y el puerto, o como Coahuila, donde la española Aguas de Barcelona tiene a su cargo el cobro del líquido.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2336 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 8 de agosto de 2021.

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